l sábado, el presidente electo Luis Lacalle Pou participó de la Expo Real Estate organizada por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay en el hotel Enjoy Conrad de Punta del Este. A la salida de la exposición dijo, en rueda de prensa, que en su gobierno flexibilizará algunas normas del Banco Central del Uruguay (BCU) para facilitar el ingreso de capitales a Uruguay. “No puede ser que una vez que un dinero ingresa al ámbito financiero para hacer un giro a otro país haya que hacer tanto trámite”, dijo.
A pesar de que aún no se conoce en profundidad la medida, el actual subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, dijo a la diaria que cualquiera sea la propuesta, se deberá tener en cuenta los estándares internacionales de transparencia y prevención del lavado de activos. “Uruguay pasó de ser un país considerado una plaza financiera no cooperante, un paraíso fiscal, [pasó de] integrar listas negras y grises de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] o la unión Europea, a ser un país transparente y que cumple con los estándares internacionales. Ese es un activo muy importante que hay que proteger y conservar”, sostuvo.
Por otra parte, el actual diputado del Frente Amplio (FA) Alfredo Asti declaró a la diaria que la propuesta “es muy preocupante” porque “el mundo es cada vez más exigente en cuanto a conocer el beneficiario final de toda transacción financiera”. Además, opinó: “Parece que se quiere volver a la época de falta de transparencia de [Ignacio] de Posadas, con el país con una plaza financiera y paraíso fiscal”.
De interés social
Lacalle Pou dijo, además, que derogará los decretos reglamentarios de la ley Ley 18.795 de Acceso a la Vivienda de Interés Social, de 2014 y 2017, que establecían ciertas limitaciones para las empresas beneficiarias. “Lo que no está roto que no se arregle”, dijo el presidente electo sobre la ley.
Gustavo González, secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), dijo a la diaria que son muy críticos a la ley de vivienda promovida, denominada como de “interés social”. “Lo único que hizo el FA fue ponerle algunos topes y Lacalle Pou dijo que va a levantarlos. Es una ley que exonera de todos los impuestos a las empresas constructoras, es un negocio extraordinario para los privados, pero no se ha construido para los sectores con déficit habitacional”, sostuvo. Según dijo, un trabajador que gana 40.000 o 30.000 pesos por mes no puede pagar una vivienda cuyo valor en el mercado asciende a 150.000 o 160.000 dólares. González aseguró que “desde 2011 hasta la fecha se le exoneró a las empresas constructoras más de 1.170 millones de dólares”. “Si ya estábamos en contra, vamos a seguir en contra, no vamos a cambiar porque cambie el gobierno. El debate sobre la vivienda es considerarla un derecho o una mercancía, y si es un derecho, el Estado debe involucrarse y analizar dónde está el déficit habitacional”, consideró.
Lacalle Pou también hizo referencia a los asentamientos irregulares, asegurando que “190.000 uruguayos viven en condiciones que no son dignas”. “Allí hay que hacer un trabajo social muy grande, que pasa por la casa-habitación, que pasa por la integración, que pasa por el barrio, que pasa por las familias. Tenemos que apelar a las nuevas técnicas de construcción, a préstamos de largo plazo, a organismos multilaterales. Hay un compromiso del gobierno que va a asumir a no amputarse ningún mecanismo pero hacer obra”, declaró.
El presidente electo también sostuvo que “los uruguayos de menos recursos no tienen hoy planes efectivos y masivos para acceder a una vivienda digna”. “De alguna manera, los planes de vivienda para gente de menos recursos no fueron la apuesta de estos gobiernos [del FA] y nosotros estamos comprometidos con la urbanización del MEVIR, con las cooperativas, con el sistema que pueda ser más efectivo”, aseguró.
Según González, “el tema de las nuevas tecnologías no es un problema, mientras se mantenga la calidad”. El dirigente de FUCVAM manifestó su deseo de que “no vuelvan las viviendas evolutivas, aquellas que tenían una sola habitación” implementadas en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, aunque aseguró que desconoce la propuesta de Lacalle Pou en la materia: “Si tienen una política sobre asentamientos, veremos cuál es”.
González también dijo que pidieron una entrevista con la ministra de Vivienda designada, Irene Moreira, y que aún no obtuvieron una respuesta, pero aclaró que no tienen prejuicios con relación a la futura jerarca: “Con los enunciados de prensa todavía uno no se puede hacer una idea [de las políticas de vivienda]. Después de que nos sentemos a hablar, veamos cuáles son las propuestas”. De todas formas, aseguró que el primer tema que le plantearán a la futura ministra es que todas las cooperativas pasen a pagar 2% de interés en los préstamos, en lugar del 5% que pagan algunas de ellas actualmente.
En Punta del Este, Moreira señaló que mantendrá el Plan Juntos, creado por José Mujica en 2010, cuando era presidente. “Lo que está funcionando bien va a seguir, e impulsaremos lo que se pueda impulsar y mejor aún. Y también propondremos cosas nuestras”, declaró a la prensa. Dijo que en el caso de los asentamientos se deberá estudiar cada situación en particular porque, por ejemplo, hay casas en terrenos inundables, y las familias que viven en esos lugares se tienen que realojar.
Otra de las propuestas de Lacalle Pou es flexibilizar el sistema de garantías de alquileres: “Que dos personas que se conocen tengan la facilidad de alquilarse”, dijo el presidente electo.
Más flexibilidad
El presidente electo también mencionó que es partidario de flexibilizar una serie de normas vinculadas a la residencia legal y fiscal para los extranjeros. “Uruguay tiene una divina oportunidad para radicar familias. Uruguay siempre ha sido un país de brazos abiertos, en estos tiempos para gente de países que están expulsando, básicamente venezolanos y cubanos, y de otros lugares de América Latina, pero también, por qué no, un lugar para la gente que no la está pasando mal pero que diga que aquí es un lugar en el que se respeta la inversión y es bueno traer a vivir a su familia y donde hay certeza jurídica”, sostuvo.
